COMUNIDADES BLOQUEAN VIA A LA COSTA EN AGUACHICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Las comunidades agromineras y pobladores de las regiones Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar que estamos en una jornada de movilización desde el 1 de septiembre del presente año, informamos a las organizaciones sociales y populares tanto a nivel nacional como internacional que:

1. Nuestra movilización está motivada por el despojo del territorio que afrontamos los pobladores del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, ya que debido a la implementación y ejecución de diferentes megrapoyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura, nosotros campesinos, pescadores, pequeños mineros, comerciantes y pobladores en general estamos siendo despojados de nuestro territorio y estamos perdiendo nuestros medios de trabajo y de sustento para nuestras familias.

2. Que desde que comenzamos esta jornada de movilización, nos encontramos concentrados en el Cerro Los Chivos, del municipio de Aguachica, departamento del Cesar. Esta concentración ha sido totalmente pacifica, sin interrupciones del tránsito por la troncal… en donde se está construyendo el tramo 2 de la llamada ruta del sol que une a Bogotá con la Costa Atlántica.

3. Que desde hace varios años, los pobladores de estas tres regiones del país, hemos adelantado todos los esfuerzos a nuestro alcance para establecer mecanismos de diálogo con los gobiernos nacional, departamentales y locales, para concertar soluciones a las graves problemáticas en que nos encontramos debido al abandono estatal y a la entrega de nuestros territorios al gran capital nacional y extranjero.

4. Que durante estos 25 días de movilización, hemos sostenido 3 reuniones (los días 3, 13, 18 y 24 de septiembre) con representantes del gobierno nacional en el marco de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar. En estas reuniones le hemos planteado al gobierno nacional las siguientes exigencias orientadas a garantizar nuestra permanencia en el territorio:

1. Salida inmediata de las empresas nacionales, multinacionales y transnacionales mineras y de agroindustria que desarrollan proyectos a gran escala de exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables de la región. Y todas aquellas que desarrollan proyectos de infraestructura en el sur de Bolívar y el sur y centro del Cesar.

2. Suspender de manera inmediata todo lo actuado unilateralmente por las autoridades nacionales relacionado con la definición de zonas de protección ambiental, sean zonas de reserva forestal, zonas temporales de recursos naturales o parques naturales nacionales. Este proceso debe ser adelantado de manera clara y transparente y con participación activa de las comunidades.

3. Que el gobierno nacional defina, junto con las comunidades agromineras, una política de reconocimiento, promoción y defensa de la pequeña minería, diferenciándola y protegiéndola de la minería a gran escala.

4. Que el gobierno nacional adelante todas las acciones tendientes a reparar integralmente el daño ambiental que han causado en la región la actividad ilegal de las máquinas retroexcavadoras que adelantan labores de minería y el causado por las empresas mineras, de agroindustria o de infraestructura en el montaje y desarrollo de sus megaproyectos.

5. Como medida de reparación integral del grave daño cometido contra la población de la región y sus organizaciones por la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, las tierras entregadas a las empresas nacionales y extranjeras y a personas que se beneficiaron de estos crímenes, deben ser devueltas en su totalidad a sus legitimos propietarios, poseedores o tenedores.

Por su parte el gobierno nacional no ha respondido de fondo ninguna de las exigencias planteadas y ha tratado de desviar el sentido de nuestras reclamaciones con propuestas que no garantizan el respeto y la permanencia en el territorio y por el contrario posibilitan el despojo y el desplazamiento forzado.
 

En vista de la falta de seriedad del gobierno, las comunidades en movilización hemos decidido:

1. SUSPENDER de manera indefinida el tránsito de toda clase de vehículos en la vía que conecta a la Costa Atlántica con Bogotá y viceversa a partir del 26 de septiembre del presente año.

2. EXIGIR al gobierno nacional que las exigencias presentadas por las comunidades sean atendidas directamente por los funcionarios del alto gobierno que tengan la capacidad de tomar las decisiones que exigen nuestras reclamaciones.

3. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo del César, de Bolívar, Magdalena Medio y a la Defensoría nacional, hacer presencia inmediata en el Cerro Los Chivos del municipio de Aguachica.

Aguachica, septiembre 25 de 2013

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR

CONGRESO DE LOS PUEBLOS.

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LA PROBLEMATICA DE LAS DROGAS, HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE PAZ

Imagen Revista Semana

Documento preparado por delegados de Ciudad en Movimiento – Red de Líderes – Congreso de los Pueblos para el Foro de Cultivos Ilícitos organizado por la ONU en Bogotá el 24, 25 y 26 de septiembre

La crisis estructural del campo de la mano de una política antidroga trasnacional y represiva más que acabar con el negocio de las drogas busca intervenir política y militarmente nuestros territorios. Hemos visto el fracaso de una política que estigmatiza y criminaliza a nuestros campesinos, a las comunidades indígenas y raizales que a través de prácticas culturales y ancestrales rescatan las bondades de la hoja coca. Pero la situación generada en el campo es de zozobra, las fumigaciones aéreas con herbicidas además de afectar los cultivos de uso ilícito son dirigidas a cultivos de “pancoger”, fuentes hídricas, viviendas y espacios comunitarios, convirtiéndose en una estrategia de despojo y terror contra las comunidades. Estos venenos son controlados por las mismas compañías multinacionales que hoy se procuran el mercado de las semillas transgénicas.

Se acaba con la economía de los campesinos, la producción de alimentos destinados al autoconsumo y la biodiversidad; además contamina las fuentes de agua y genera miedo en las poblaciones afectadas. Pareciera que no bastara con el despojo hecho por las multinacionales de nuestros territorios de la mano del aparato militar y paramilitar, el aparato de la guerra que hoy debe desmontar el Estado. Como consecuencia directa, millones de personas llegan a ocupar los cinturones de pobreza en las periferias urbanas. Para completar, el acaparamiento de la tierra, la mayoría de las veces fraudulento e ilegal como se ha visto, así como los bajos precios de los alimentos cultivados por nuestros campesinos ahondan el panorama de desastre. Una política antidrogas inadecuada y descontextualizada es la tumba del agro colombiano y los alimentos de la nación.

Escenarios como el Congreso de los Pueblos ven la necesidad de cambiar la dirección de la política antidrogas actual. Es urgente una nueva política se enfoque en planes de desarrollo agrario, construidos con participación efectiva de las comunidades, que respondan a sus necesidades, que permita la permanencia en el territorio, la utilización de semillas criollas y la producción alimentaria de la nación. Es de especial protección el derecho de las comunidades indígenas a preservar y desarrollar el valor espiritual, medicinal y nutricional de la hoja de coca. La producción de coca en zonas ancestrales y tradicionales debe permitirse por ser uno de los pilares fundamentales en la cultura indígena americana.

Colombia puede voltear la mirada hacia referentes que dan buenas lecciones, como el pueblo boliviano que logra incluso modificar un tratado internacional que violaba sus expresiones culturales y ancestrales, dando la batalla al interior de la ONU. Por esto mandatamos la sustitución gradual y voluntaria de cultivos de coca en un ejercicio de autonomía y soberanía de las comunidades. Participaremos en la solución de la problemática del cultivo de coca, reconociendo las propuestas, y exigiendo las garantías sociales, técnicas y económicas por parte del gobierno. Rechazamos la estigmatización del campesinado cultivador de coca y mandatamos el tratamiento de los cultivos de uso ilícito como una problemática social y no como un asunto de orden público; rechazamos cualquier tratamiento represivo de esta cuestión.

Vemos con preocupación las falencias que existen en nuestro sistema educativo que excluye a los jóvenes estigmatizados por consumidores lanzándolos a la criminalidad. Es necesaria la puesta en práctica de nuevas pedagogías que en el marco del respeto de los derechos humanos generen un cambio en el sistema educativo. En este sentido, los programas preventivos deben partir de las vivencias de las diferentes comunidades, de sus realidades diarias y de sus problemáticas (educación, trabajo, espacio público, etc.) Nuestros jóvenes son tildados de delincuentes por esta sociedad que excluye, asesina mediante el hampa, el aparato represivo, la policía, el ejército, condenados a huir siempre en las calles. Por esto mandatamos la construcción de un nuevo gobierno que tenga como base la participación de las comunidades en la toma de decisiones y la gestión sobre todos los aspectos de su vida, propendiendo por la construcción colectiva de los planes de vida y por la injerencia de las comunidades en la construcción de política pública.

El tema de las drogas no es asunto exclusivo del mundo rural, sino que también corresponde a las ciudades un tratamiento integral al problema de las drogas. En las ciudades el panorama es desalentador: jóvenes y más jóvenes atiborran el sistema carcelario (en crisis aguda) por ser consumidores de drogas, la mayoría de las veces por llevar consigo un paco de marihuana. La solución no es encarcelar a los consumidores, acentuando el hacinamiento en las cárceles, creando un espiral de violencia y venganza. Creemos que el problema del consumo de drogas debe ser tomado como un problema de salud pública y no sólo de seguridad, como se viene enfocando. Pero más aún: si no derrotamos efectivamente a las mafias no vamos a romper con el oscuro vínculo entre narcotráfico y política, no vamos a construir un estado separado claramente de la ilegalidad. El mal manejo del problema de las drogas conviene a quienes se hacen al poder mediante la parapolítica y la corrupción; se han conocido casos en las ciudades de compra de votos a cambio de dosis de drogas. En la lucha por la paz luchamos también por una ciudad y una nación donde derrotemos efectivamente las mafias.

El camino es quitarle el poder a las mafias que controlan el tráfico a grande y pequeña escala de drogas. Separar a los jóvenes de las mafias en barrios y ciudades. Para esto es necesaria una regulación del mercado de droga para separar al consumidor del vendedor, quitando además el acceso a otras sustancias, haciendo una caracterización de la población consumidora para formular programas de atención eficaz a usuarios problemáticos y adictos, programas para quienes de manera voluntaria quieren dejar de consumir y evitar la muerte por consumo, programas para el seguimiento a las sustancias sintéticas y siquiátricas que circulan sin control. Para todo esto se requiere condiciones adecuadas para la atención en salud pública: centros de consumo controlado con atención especializada. A todo este conjunto de medidas lo denominamos política integral de legalización de la droga, sin la cual es imposible la construcción de una paz estable y duradera.

Pueblos construyendo paz para la vida digna.

Ciudad en Movimiento – Red de Líderes
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Correo: movimientociudad@gmail.com

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